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UNESPA propone un sistema de adscripción por defecto similar al del Reino Unido

Pilar González de Frutos pide una reforma profunda de nuestro sistema de pensiones que mantenga la generosidad actual. Propone dotar el nuevo sistema de una lógica interna como la equivalencia actuarial, con mecanismos de seguimiento y control para realizar ajustes cuando sea necesario, y una mayor transparencia.

ACTIVA// 7 de febrero de 2017

La presidenta de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), Pilar González de Frutos, ha propuesto ante la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo una profunda reforma del sistema con reformas en los tres pilares del sistema de pensiones: en el nivel de reparto, en el de capitalización colectiva y en el de las decisiones individuales de ahorro.

González de Frutos se ha centrado especialmente en este segundo pilar, casi inexistente en España, y se ha mostrado partidaria de adoptar un sistema de adscripción por defecto, cuyo principal representante es el Reino Unido.

Tras explicar en qué consiste este sistema, ha detallado que su propuesta para nuestro país se basaría en un esquema con tres actos encadenados. En el primero estaría la negociación colectiva sectorial para tratar de pactar la implantación de sistemas de previsión incluyendo mecanismos de subvención condicionada y que debería ser respetado por las empresas.

El segundo sería el nivel regulatorio, en el que se obligaría a los empresarios a inscribir a sus trabajadores en un sistema de previsión. Este nivel comportaría el nivel mínimo de seguridad y otorgaría al trabajador la libertad de tomar la decisión consciente de mantenerse en este sistema de previsión u optar por otras vías de previsión y ahorro.

El tercer pilar sería la negociación colectiva de empresa, o las políticas empresariales de captación y retención de talento para establecer mejoras a la norma.

González de Frutos ha aseverado que un sistema así respetaría los derechos de todo el mundo al respetar la negociación colectiva, al empresario, y colocar en el centro al trabajador al permitirle tomar la decisión consciente de mantenerse o salirse de un sistema de previsión.

Ante las previsibles críticas a un sistema así, ha asegurado que no se trata de privatizar el sistema de pensiones ya que no se trasladarían recursos, sino que se crearían nuevos. En este sentido, ha puesto el ejemplo del Reino Unido donde se ha creado un ahorro de 15.000 millones de libras donde no lo había.

Además, ha añadido que se podría crear un operador público que opere en ese mercado, siempre que jugara con las mismas reglas que los actores privados.

La presidenta de UNESPA ha advertido que un sistema de este tipo tarda en madurar y ha presentado una simulación de lo que supondría implantar un sistema similar en España, calculado sobre la masa laboral de 2015, y que arroja cifras cercanas a 20 puntos de tasa de sustitución salario-pensión en su momento de madurez (aproximadamente unos 10 o 15 años después de su implantación).

Problemas de nuestro sistema de reparto

La presidenta de UNESPA considera que hablar sobre la sostenibilidad del sistema es “embarrar el debate” porque de lo que se trata es de “valorar la generosidad del sistema porque las pensiones son un mandato social y hay que hacer lo necesario para mantenerlas”.

El problema, a juicio de UNESPA, es que el pilar de reparto (que en España representa 94% de las prestaciones de los jubilados), tal y como está concebido y según datos de la Unión Europea, hará perder a los jubilados españoles hasta 32 puntos de tasa de sustitución en las próximas décadas debido a los problemas demográficos que afronta.

Considera que las medidas adoptadas hasta la fecha como la reforma de 2011, la introducción del índice revalorización y el factor de sostenibilidad no son suficientes y apuesta por avanzar hacia la equivalencia actuarial, que persigue que el pensionista perciba una prestación basada en sus cotizaciones y esperanza de vida.

Asimismo, ha pedido dotar al sistema de una metodología aplicada por un actor independiente para calcular el valor actual de los activos y pasivos del sistema, es decir, lo que el sistema espera cobrar y lo que va a tener que pagar, para saber si será sostenible. En su opinión, esta medida serviría para eliminar el debate de la sostenibilidad y centrarlo en lo importante, las medidas

Además, ha pedido una mayor transparencia y que se remita la carta comprometida por la Seguridad Social con los cálculos de la pensión que se prevé que vaya a recibir en el futuro cada ciudadano y ha garantizado que los operadores privados están preparados para enviar una similar tal y como les corresponde.

Decisiones individuales de ahorro

Sobre las decisiones individuales de ahorro -aunque se ha mostrado más partidaria de sistemas de subvención condicionada al ser más universales sus beneficios independientemente del nivel de renta- ha pedido el desarrollo de unos incentivos fiscales realmente útiles, debido a que en el contexto actual es difícil promover un sistema de subvención pública como el alemán.

En cuanto a los incentivos fiscales, ha expresado que las rentas vitalicias deben capitalizar esos incentivos al ser el producto más similar a las pensiones públicas existentes y articular medidas para convertir en liquidez el principal destino del ahorro de los españoles, el capital inmobiliario, entre otras medidas.

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